Observatorio 82
Observatorio 82 / Editorial
Tema recurrente en el ámbito de la educación es, por
desgracia, la corrupción. La vemos y la padecemos
desde la educación básica hasta el nivel de las
universidades, la Universidad de Sonora incluida
dentro de este último sector.
Y la corrupción florece cuando hay ausencia de
prácticas institucionales de transparencia, rendición de
cuentas y evaluaciones objetivas.La corrupción mina
desde adentro cualquier intento de lograr una mejora
en el servicio educativo, de alcanzar la calidad que
siempre se está buscando. La corrupción pervierte el
ejercicio de consolidar una universidad incluyente,
propositiva y con fuerza moral hacia el conjunto del
tejido social.
Recién el tema ha cobrado fuerza a propósito de la
detención de la eterna dirigente del Sindicato de
maestros SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo.
Al respecto el analista Alberto Serdán ha escrito en
Animal Político, un interesante texto que lleva por
título “Urge Transparencia educativa”. Del mismo
hemos sacado unas partes interesantes:
“México destina una quinta parte de su presupuesto
federal a la educación. Es el segundo país del mundo
en priorizarla así en su gasto público y supera la media
de la OCDE en el gasto educativo como proporción del
Producto Interno Bruto. Adicional a ello, las familias
hacen un esfuerzo para pagar útiles, uniformes y
materiales escolares, imprevistos (festivales, cuotas,
apoyos a mantenimiento) y otros gastos asociados que
acorde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) superan en 2.5 veces lo que
gastan las entidades federativas en educación.
Lamentablemente este esfuerzo tiene un gran hoyo: la
corrupción. En un documento publicado por la
UNESCO “Corrupt schools, corrupt universities: What
can be done?”, Jacques Hallak y Muriel Poisson
ofrecen un marco de referencia para entender la
corrupción en el ámbito educativo.Estos autores la
definen como el “uso sistemático de los recursos
públicos para el beneficio privado, cuyos impactos son
significativos en la disponibilidad y calidad de los
bienes y servicios educativos y, en consecuencia, en el
acceso, calidad y equidad en la educación”.
Ello incluye una distinción entre la corrupción política,
legislativa, administrativa y burocrática. La corrupción
política, señalan los autores, ocurre cuando se requiere
la afiliación o lealtad a un partido político o a un
sindicato para obtener un puesto o una promoción en
la administración pública o en el magisterio. La
corrupción legislativa ocurre cuando los políticos
venden sus votos a grupos de presión. La corrupción
administrativa aparece cuando servidores públicos
aceptan sobornos para permitir o asignar un contrato o
evadir pagos legalmente establecidos. La corrupción
burocrática ocurre cuando se paga para acelerar
procedimientos cotidianos, para distorsionar
expedientes, alentar investigaciones. En todos los
casos se involucra una transacción entre actores
públicos y privados en donde los bienes colectivos se
convierten ilegítimamente en beneficios privados
caracterizados por la secrecía.
Sin embargo, la corrupción en el sistema educativo
mexicano ha dejado de ser un secreto y ha derivado en
un escandaloso tiradero de dinero. Cada año, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace un
recuento de los recursos que se ejercieron de forma
incorrecta sin que haya profundas consecuencias. Por
ejemplo, entre 2006 y 2011 la Auditoría Superior de la
Federación encontró irregularidades en el manejo del
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
(FAEB) por 67 mil 715 millones de pesos. De esta
cantidad sólo se ha devuelto al erario público el 15%.
La letanía de las irregularidades es recurrente en los
informes de Auditoría: “Pagos indebidos a trabajadores
comisionados al sindicato. Pagos indebidos por
prestaciones no reconocidas (bonos, estímulos,
compensaciones, entre otros). Pago de
compensaciones discrecionales a empleados sin
mediar lineamientos y evaluaciones para su entrega.
Pago a trabajadores con plazas no localizadas en los
catálogos de puestos. Pagos a personal después de la
fecha de su baja o durante licencias sin goce de
sueldo. Pagos a trabajadores con dos o más plazas sin
disponer de la compatibilidad de empleos. Pagos con
cargo a centros de trabajo no financiables con el FAEB
(nivel medio superior, superior o áreas no vinculadas
con la educación básica o la formación de docentes).
Pago a trabajadores adscritos a centros de trabajo no
incluidos en el catálogo de la entidad federativa.
Personal no localizado en las visitas físicas realizadas
a centros de trabajo.
Pueden leer el texto completo en el siguiente link:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-dato-
checado/2013/04/10/urge-transparencia-educativa/#axzz2QCFkRujC
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