Evaluación de la permanencia en la UADY

Tirso Suarez-Nuñez

LAISUM. - México.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar... de Isaac Mahow

El seis de febrero pasado culminaron las modificaciones constitucionales que dan base legal a la denominada reforma educativa. En esa fecha, la Cámara de Diputados declaró que con 23 votos de los congresos del mismo número de entidades federativas, se declaraba válida la reforma mencionada, cuyo punto álgido, como es conocido, se refiere a la evaluación del desempeño de los profesores de educación básica y sus consecuencias sobre su permanencia. El asunto era tan delicado que provocó impensables reacciones de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien argumentó, de manera reiterada, que su oposición a la reforma se concreta a la palabra permanencia, porque la evaluación no debe ir en contra de los derechos laborales adquiridos. La maestra Gordillo, se dio el lujo incluso, de demandar una reforma de mayor calado en el tema.

En medio del debate nacional que el tema de la reforma educativa desató, emergió la declaración del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Alfredo Dájer Abimerhi,anunciando a la prensa local que la UADY sistematizaría la evaluación del desempeño de sus académicos buscando que sus resultados se vinculen a su permanencia.  De manera inmediata a la inquietante declaración, se iniciaron reuniones tras bambalinas entre el sindicato académico, los consejeros maestros y los representantes de la rectoría, para conocer el proyecto de modificación del Reglamento del Personal Académico. El cabildeo finalmente se concretó en dos puntos fundamentales: primero, ampliar el período de evaluación a tres años en vez de dos; y segundo, incluir un artículo para “rebajar” lo punitivo de la reforma al incluir en el clausulado que el propósito fundamental de la evaluación es: “detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento de las funciones y superación académica del profesorado”. Varios puntos quedaron pendientes en la agenda de los consejeros maestros: la evaluación de los directivos, la manera como se integran las comisiones evaluadoras y el peso que pudieran tener las evaluaciones externas a las que voluntariamente se someten los académicos, como las del SNI y el Promep.

Finalmente y sin muchos aspavientos todo concluyó el 30 de enero cuando el Consejo Universitario aprobó las modificaciones al Reglamento de Personal Académico de la UADY, para incluir con mas detalle lo que antes solo se enunciaba: la evaluación del desempeño relacionada con la permanencia. En sesión muy ordenada se aprobó la propuesta del Rector con un solo voto en contra que, como es costumbre, no fue razonado. Al terminar la sesión el Rector declaró a la prensa local que la universidad tradicionalmente venía realizando evaluaciones para fines de promoción y asignación de estímulos, pero con la reforma todas estas evaluaciones se sistematizaran incluyendo las del ingreso y la permanencia. Poco antes, se había escuchado la lectura del dictamen aprobatorio de las modificaciones a cargo del consejero director de la Facultad de Derecho, que apuntaba que los cambios proponen mecanismos más justos y transparentes que contribuyen a salvaguardar la legalidad de los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Evaluación para la permanencia... consummatum est

Justamente el punto más preocupante de los procesos de evaluación en la UADY se refiere a la justicia y la transparencia; la debilidad está en la forma en la que se integran las comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso, especialmente la que se constituye como la última instancia. Me refiero a la Comisión de Evaluación Académica, en la que la totalidad de sus integrantes es nombrada por el Rector, en contraste con las Comisiones Dictaminadoras, que se integran por área de conocimiento y cuyos miembros son elegidos por los académicos de cada facultad. Aunque la postulación de los integrantes de esta última comisión se sujeta a un arcaico criterio –que proviene de la época en la que no existía el posgrado en la UADY– que establece que para ser miembro de una comisión se requiere titulo profesional igual o afín al que se entrega en la facultad o dependencia que aspira a representar –que en realidad es un filtro que los directivos usan a discreción–, a la postre, se constituyen como instancias de evaluación que se mueven con mayor independencia. 

Por lo anterior, resulta preocupante el nuevo artículo que le asigna al Rector el papel de vigilar que las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras no contravengan la normativa universitaria, pues conlleva un carácter francamente intimidatorio hacia esta autoridad colegiada. Esta función de vigilancia se apoya en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y en la propia Comisión de Evaluación Académica.

Pese a todo, envueltos por la calma y la tranquilidad que caracterizan a la universidad, 1,300 académicos de base y su sindicato esperan serenamente que se cumpla el plazo de ocho meses para el inicio de las primeras evaluaciones, sabedores de que no tienen muchas opciones, pues oponerse implica alinearse con la villana nacional por antonomasia, la lideresa del SNTE, lo cual les parece inadmisible. Por otra parte, les tranquiliza haber logrado incluir la parte propositiva a la reforma, es decir, declarar que se pretende la superación del personal académico y no la represión ante su eventual bajo desempeño. Por ello esperan que sólo en casos extremos el reglamento sea aplicado a la letra y los derechos adquiridos vulnerados, es decir, ante conductas evidentemente deshonestas o frente a un bajo desempeño sea por pereza o enfermedad. Es ésta la ruta que ha elegido la UADY para lograr la superación y depuración de su planta académica.

Finalmente quedan pocas universidades públicas que se mantienen como federación de facultades flojamente acopladas. La UADY se distingue entre ellas por una firme conducción centralizada que logra mediante una lógica patrimonial y afectiva que le ha permitido a sus directivos neutralizar las divergencias sindicales y académicas, renovar tranquilamente a  sus elites, contener  las intenciones de intervención de los poderes locales y, por ultimo, pero no por ello menos importante, lograr el reconocimiento de la autoridad federal como fiel seguidora de las políticas que privilegian el orden y la mejora continua, aunque se consiga con la deformación de leyes y principios. Este episodio es una nueva muestra de esa capacidad de adaptación que aún conserva.

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Tirso Suarez-Nuñezes profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán.