Los costos de la huelga

Por: José Darío Arredondo López

No hay duda que entre más se vive más se aprende. Ahora tenemos la increíble oportunidad de seguir paso a paso las incidencias del acontecer universitario a través de la transparencia de los costos de un evento laboral que, a estas alturas, se tiñe con los colores parduzcos del fascismo de guarache instalado en la administración de la Universidad de Sonora.

En efecto, la administración universitaria nos revela que la huelga cuesta diariamente dos millones de pesos. Que el pago de nómina del STEUS representa algo así como 850 mil pesos diarios y que estos son irrecuperables toda vez que la institución encuentra paralizadas sus actividades.

Por otra parte, la rectoría en voz de la Secretaria General Administrativa manifiesta que el pago de salarios caídos durante el período de inactividad corre peligro, “porque es política nacional”, y en ese tenor insta a los trabajadores a levantar la huelga o por lo menos llegar a un acuerdo que deberá por la fuerza de la gravedad caer en lo mismo: el abandono del derecho a huelga por lo que parece una curiosa mezcla de argumentos financieros y de imagen pública ya que se alude el “prestigio institucional” y la voluntad hasta ahora discretamente oculta de negociar con los trabajadores.

Las declaraciones han sido suficientemente confusas como parece ser la idea de universidad que exhiben sus representantes. Por una parte se esgrime el argumento lacrimógeno de que los más perjudicados son los estudiantes, sin reparar en el hecho de que los trabajadores ejercen su derecho a huelga por tener, justamente, la convicción de que su contrato ha sido violado y que, siendo los directamente perjudicados, la ley los faculta a manifestarse de ésta y otras maneras en reclamo a la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Por lo anterior, surgen varias interrogantes a las que, supongo, las autoridades tendrán alguna respuesta sin que las preguntas corran el riesgo de ser declaradas inexistentes: ¿por qué se habla de costos diarios y al mismo tiempo del “riesgo” de que el salario de los trabajadores en paro no sea pagado? Si son costos quiere decir que la parte patronal los asume como propios toda vez que figuran en el presupuesto de egresos de la institución y, por tanto, de pago obligado porque responden a una obligación contractual que, dicho claramente, se entiende legal.

Es verdad sabida que el pago de salarios caídos es una obligación de la parte patronal al momento de levantarse la huelga y, de hecho, es una de las condiciones para que tal cosa ocurra. Entonces, ¿por qué se habla del no pago y al mismo tiempo de los costos implícitos en el cumplimiento del pago? ¿Por qué borrar la experiencia laboral de la UNISON y su relación legal con los sindicatos y enderezar una campaña de desprestigio contra la organización de los trabajadores al acusarlos de daño en patrimonio e imagen?

¿Por qué decir que se tiene la voluntad de negociar y al mismo tiempo se promueve un recurso de inexistencia de la huelga, cuestionando su legalidad frente a la opinión pública sonorense? Si es ilegal, entonces ¿cuál es el afán de aparentar ánimo negociador? ¿Por qué amenazar a los trabajadores con la retención del salario siendo que las relaciones entre éstos y la institución se rigen por un contrato colectivo? ¿A qué hora la Universidad se convirtió en una empresa privada donde a los trabajadores se les paga por día trabajado y sin contar con garantías laborales que supongan obligaciones de ambas partes como las establecidas en los contratos vigentes?

Resulta preocupante y francamente absurdo el argüir que el prestigio de la institución depende de la existencia o no de huelgas y paros laborales. La Universidad no requiere de este tipo de defensas que rayan en lo ridículo. De lo que requiere es de una administración sensata, respetuosa de sus principios y valores, de los derechos de sus miembros, celosa de sus responsabilidades y dispuesta a cumplir con el deber de trabajar en apoyo a la creación y difusión del conocimiento, la cultura y la extensión. Es decir, una administración que verdaderamente responda a las características y necesidades de la institución que a lo largo de las décadas ha formado ciudadanos íntegros y socialmente útiles. Al parecer hay distancia entre este modelo de administración y la que realmente se tiene.

En este ambiente artificialmente ríspido vale la pena replantear las cosas, poner en la balanza la defensa de la universidad pública o el cumplimiento de consignas anti-laborales; los costos en dinero ya presupuestado o los correspondientes a la solución del conflicto por la vía del derecho y la buena voluntad. Un buen paso sería el que la administración dejara el tono de confrontación y sinceramente tratara de acercarse a la contraparte trabajadora en busca de una solución que sea digna y benéfica para todos.

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