Necesaria comparecencia del Rector Heriberto Grijalva Monteverde ante El Congreso del Estado

Por Jesús Ibarra Carmelo

La preocupación respecto a los resultados de la estrategia del rector Heriberto Grijalva Monteverde, por un lado, hacia la solución del conflicto de huelga del STEUS en la Universidad de Sonora, por otro lado, frente a la revisión salarial y reclamo de violaciones del STAUS, ha alcanzado la impaciencia en los universitarios, lo mismo que en la sociedad en general: en gran medida, se trata de una crisis de su política, tanto laboral como administrativa. Pero, principalmente, a la poca transparencia en el uso de los recursos financieros de la institución, la cual se manifiesta, en resumidas cuentas, en su pronunciado aumento del gasto burocrático en detrimento de la atención en las funciones sustantivas del Alma Mater, ya que, en definitiva, comienza a tomar fuerza la inquietud de la sociedad para que El H. Congreso del Estado de Sonora lleve a comparecer al rector Grijalva.

Esta estrategia laboral denota el remate de privar de mayores recursos a las funciones sustantivas y agregarlas en los gastos de rectoría, a propósito, por esos motivos es que rehúye la vía de oralidad que establece como procedimiento el derecho laboral a los huelguistas y prefiere jugar un papel de intercambio de misivas escritas, donde le sea posible mantener posturas inmovibles, interpretaciones unilaterales y utopías patronales arcaicas con moralina antihuelguista. Así, su aparente preocupación de que la huelga lesiona los derechos de los estudiantes, como ha sido su insistencia desde el día del estallamiento, en cualquier caso, se contradice con su estrategia dilatoria y omisa hacia la solución al conflicto; pero, aún más, sus argumentos de no pagar un día de paro de labores en noviembre y el bono de asistencia a los trabajadores del STEUS, a resultas de cuidar las normas laborales, se contrapone, a ojos vista, con su evasiva para seguir la vía laboral de las audiencias en la Junta de Conciliación y Arbitraje y, en cambio, dedicarse personalmente a una guerra de medios.

El inconveniente es que la actual Ley Orgánica vigente otorga un poder discrecional al rector para el destino de los recursos y no cuenta con mecanismos de control y fiscalización de carácter interpretativo, correctivo y penalizador, que, de este modo, constituyan garantías firmes de transparencia. La Junta Universitaria se erige como la máxima autoridad, pero, a todo esto, es un órgano conformado en su mayoría con miembros externos a la vida universitaria y la sociedad sonorense, aún así, toma formalmente algunas de las decisiones estratégicas; sin embargo, esto lo hace únicamente basada en la información confidencial otorgada por el rector. Los únicos actores instituidos que le impiden acentuar tal centralismo, son los sindicatos STAUS y STEUS. Así las cosas, la actual maniobra del rector obedece a su afán por usar sus poderes discrecionales, todo esto con el fin de incrementar el desvío de recursos a los privilegios del sector administrativo.

El presupuesto ha ido creciendo un poco más, por cierto, en la aportación federal, aunque también, en la otorgada de parte del gobierno del estado, pasando, así, recientemente de un poco más de mil 600 millones de pesos a mil 741 mil millones. Sin embargo la rectoría ha disminuido la apertura de grupos en algunas de las carreras y ha implementado un frívolo mecanismo de ahorro de recursos, suprimiendo, de esa manera, exageradamente grupos de “baja inscripción”, además de establecer estrategias tendientes a dejar de reconocer antigüedad laboral profesores, escamotear prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en los Contratos Colectivos de ambos gremios. Pese a que el presupuesto anual se aprueba con grupos de una inscripción promedial, la rectoría termina por atiborrar en los primeros semestres 40 alumnos y cuando la inscripción es menor a 15. Así que desconocemos las observaciones elaboradas en las auditorias contables y no disponemos de información sobre su poder vinculatorio.

Respecto a esta predisposición de rectoría a concentrar los recursos en el sector administrativo se ha ido observando, como consecuencia, una gravedad de este problema en la separación de la brecha de los incrementos salariales entre los trabajadores, los maestros y los burócratas. Los trabajadores han recibido por persona, un incremento anualizado de su salario integral de 50 mil pesos, entre 2008 a 2012, mientras los maestros recibieron 92 mil y los de confianza, en cambio, 107 mil, en el mismo período. Esta tendencia va en contra del desarrollo que parte de la aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información y del conocimiento. El sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin encuentra que las funciones de los empleos de “cuello blanco” son las más factibles de ser sustituidas por los usos de las herramientas de las computadoras y el internet. Las tareas rutinarias, mecanizadas y de precisión relacionadas con los puestos de planeación, seguimiento y evaluación pueden ser, según esto, sustituidas por las empresas y las instituciones usando la tecnología y al personal que sobreviviente no se justifica mantenerlo con altos ingresos y prestaciones.

En este sentido, el impacto que pueda tener el desempleo en puestos de “cuello azul” (correspondiente a actividades manuales) con las nuevas tecnologías sólo podría ser notorio en caso de implementarse una reingeniería basada en sistemas, automatizados y mecanizados con el fin de desempeñar estas tareas; de no ser así, cualquier desplazamiento laboral en estos ámbitos se convierte en el incremento de cargas y precariedad de las condiciones sociales, Otro sociólogo norteamericano, Richard Sennett, indaga sobre las inestabilidades laborales, el subempleo y otras modalidades de sobrevivencia. Por su parte los trabajos de servicio de “cuello rosa” otorgados de cara a cara a los usuarios, no pueden ser sustituidos por la tecnología, en cambio, estas labores tendrían que ser mejor reconocidos por la sociedad del conocimiento, los bibliotecarios, los oficiales escolares, laboratoristas, servidores en despachos y en la seguridad.

En el caso del trabajo de los maestros el impacto de la tecnología de la información y del conocimiento es, sin duda, radical, cambiando las pautas de actuación, en mucho, al despojarle de las funciones rutinarias, precisas y de apego a los datos de los procesos en el uso de los conocimientos y ampliando el espacio de atención personal y humana a las actividades educativas. La posibilidad de codificaciones y acceso de las teorías y la información, convierte de lleno la participación de los maestros en un servicio de cara a cara hacia los estudiantes en su formación profesional. Algunas perspectivas en la educación establecen modelos de protocolos de intervención como la constructivista basada en la teoría de Von Froester, la dilógica que parte de Bajtin y de Ronald Barthes, la discursiva de Habermas e Isabela Cortina, por otra parte los modelos de la fenomenología la semiótica, hermenéutica, teoría crítica, desconstrucción etnometodología.

Así que es necesario tomar medidas serias para detener la vocación burocrática en la Universidad de Sonora y orientar hacia las actividades sustantivas el uso de recursos. En esta tarea no es suficiente el contrapeso de la lucha laboral y el pode del sindiclismo, se hace que participen otras fuerzas ciudadanas interesadas en la utilizción de los recursos públicos. Uno de los procedimientos que ha venido en otras universidades del país donde existen conflictos semejantes es el control de la constitucionalidad ejercido por los congresos locales sobre el derecho a la educación. No en el sentido de anular el derecho de huelga, sino el de analizar las auditorias anuales para detectar orientaciones inadecuadas en el destino de los recursos y establecer medidas para hacia la racionalidad.

Lo que se requiere es utilizar mecanismo para que la sociedad intervenga en el control de las funciones que redundan en su beneficio o en su afectación. La comparecencia puede convertirse en un mecanismo de control parlamentario donde se tomen medidas sobre el ejercicio del presupuesto y un manejo más razonable de las funciones sustantiva de la Universidad en el sentido en el que el uso de las nuevas tecnologías abre paso a la sociedad de la información y del conocimiento. Esto no significa afectar la autonomía de la Universidad, sino fortalecerla, ya que se lograría involucrar a la ciudadanía en la intervención sobre la vida universitaria.

El recurso de llevar a los rectores a comparecencia ante los congresos locales ha sido utilizado recientemente en algunas instituciones autónomas del país, El rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, compareció en abril de 2008 ante el Congreso del estado, para explicar la solicitud de 50 millones de pesos que presentó ante los legisladores, quienes se negaron a aprobar dicha partida, hasta que no proporcione información amplia y detallada de lo que pretende gastar tanto dinero, que muy bien serviría para atender otras necesidades. En abril de 2010, tenemos la comparecencia del recto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, ante la Asamblea Legislativa para que Informe sobre el ejercicio del presupuesto de 4 mil 143 millones de pesos así como el número de alumnos graduados en licenciatura, maestría y doctorado, así como el seguimiento de las auditorías a sus estados financieros. En julio de 2012 el diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio solicitó la comparecencia del Rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) Modesto Seara Vásquez, con la finalidad de que informe sobre las acusaciones por irregularidades en el ámbito laboral, sobre el uso de los recursos públicos y los costos del sistema.

Aunque la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 64, fracción 27 Bis., no contempla la comparecencia de los organismos autónomos, como el caso de la Universidad de Sonora, no obstante, sería posible recurrir al principio pro homine o al criterio pro personae, incorporados en la reforma de junio de 2011, por medio de los cuales puede reclamarse la necesidad del control parlamentario los derechos sustantivos a la educación otorgados en la Constitución Federal y los tratados internacionales