Carta sobre la designación de Heriberto Grijalva en Ciencias Sociales

AL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO

AL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

Como ya se advertía desde el inicio del proceso de cambio en la Dirección de la División de Ciencias Sociales, el día martes 14 de marzo la DRA. ARMINDA GUADALUE GARCÍA DE LEÓN PEÑÚÑURI, Vicerrectora de la Unidad Regional Centro, tomó posesión a la directora de la División de Ciencias Sociales, designada por el rector DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE.

Ante la protesta estudiantil, el acto tuvo que llevarse a cabo no en las oficinas de la División, sino en un reducido espacio cercano, sin llegar a departir las viandas preparadas para tal efecto.

Por distintos medios se ha venido señalando que el proceso no se apegó a la normatividad y a la fecha la autoridad no ha dado respuesta ni observado tales faltas. Las razones del irregular proceso son las siguientes:

1) LA AUSCULTACIÓN FUE LIMITADA, OSCURA, EXCLUYÓ A LOS ESTUDIANTES Y NO CONSIDERÓ LA OPINIÓN DE MUCHOS ACADÉMICOS A FAVOR DE LA DRA. BLANCA VALENZUELA.

2) EL CONSEJO ACADÉMICO NUNCA SE REUNIÓ PARA CONOCER LA TERNA; LA VICERRECTORÍA LA ENTREGÓ VÍA INTERNET A LOS CONSEJEROS EN LO PARTICULAR Y, SIN MÁS, SUPRIMIÓ LA FIGURA DEL CONSEJO ACADÉMICO.

3) CON TODO, UN MIEMBRO DE LA TERNA NO REUNIÓ LOS REQUISITOS DE LEY; A PESAR DE ELLO, TANTO EL RECTOR COMO LA VICERRECTORA, LA CERTIFICARON Y LO QUE ES MÁS, DE AHÍ DESIGNARON A LA NUEVA DIRECTORA.

Además, el rector incumplió su palabra ante la Junta Universitaria, de atender y resolver el proceso en el Consejo Académico.

Seguramente se argumentará que el impedimento para reunir al Consejo Académico fue la toma del lugar de reunión, por los estudiantes. Pero es preciso señalar que sus demandas no fueron escuchadas ni resueltas; reclamaban transparencia y apego a la legalidad. El mismo reclamo de varios consejeros académicos.

Aunque se haya llevado a cabo la designación en la División de Ciencias Sociales, eso no obsta para que sea legal. De hecho no lo es y los consejos Académico y Divisional de Ciencias Sociales deben abordar el tema y evitar que se lleve a cabo una designación de facto. Dejarlo pasar sin más, llevaría a ambos órganos a ser cómplices de un hecho a todas luces orientado a imponer al margen de la Ley, a alguien seleccionado a criterio de las autoridades con fines de orden político.

Además, se estaría aceptando –por omisión- que los Órganos Colegiados están subordinados a las decisiones de las instancias de autoridad unipersonal, lo que sería una forma de (auto) deslegitimar estas figuras y las atribuciones que la Ley 4 les confiere.

De igual manera, dejar pasar el hecho sin observar las violaciones a la normatividad, marcará el precedente para que los próximos cambios en divisiones y departamentos sean a discreción de la Rectoría y de la Vicerrectoría de la URC. La aplicación de la Ley habrá de ser en adelante a su interpretación, como lo fue en este penoso caso, y el silencio de los órganos colegiados hará posible cualquier aberración.

Hacemos un llamado a los consejeros a asumir su responsabilidad como representantes de sus comunidades, a detener a tiempo una práctica peligrosa en cuanto a que aplica la Ley a discreción y es capaz de desconocer al órgano colegiado con tal de sacar una elección a modo.

Los representantes de la comunidad de la División de Ciencias Sociales ante el Consejo Académico de la Unidad Regional Centro, pero también los demás consejeros, están obligados moralmente a ser portavoces de un amplio sector de académicos y estudiantes a quienes nos preocupa e indigna no sólo no haber sido tomados en cuenta en el proceso de consulta para la selección de la nueva directora de la División de Ciencias Sociales, sino la incorrecta aplicación de la normatividad que nos rige.

Por tanto, demandamos del Rector y  la Vicerrectora una respuesta formal, seria y fundada, sobre las violaciones cometidas en el proceso que fueron señaladas en el documento entregado a la Junta Universitaria el pasado 4 de marzo, por un grupo de académicos y del cual se dio amplia difusión. De no ser así, recurriremos a instancias jurídicas extrauniversitarias, toda vez que lo que se observa es que en la Universidad de Sonora no existe la instancia para atender nuestras observaciones, ni tampoco la responsabilidad en las autoridades para conducirse apegadas a las propias leyes internas.

FIRMADO POR:

CONSEJEROS ACADÉMICOS DE LA DCS, CONSEJEROS DIVISIONALES Y MÁS DE 100 PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES.