jueves, marzo 10

RECTOR EN ENTREDICHO

Por Alejandro del Castillo Saavedra *

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La nación se encuentra sumida en una profunda crisis que no solo afecta el campo de la economía, sino el de la política así como, desafortunadamente, el de la moral pública, nos encontramos con que es la deshonestidad de muchos servidores públicos el fenómeno que impide el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos y nos ha llevado a la negación de la vigencia constitucional y al resquebrajamiento del estado de derecho, más aún cuando a la mencionada deshonestidad se la reviste con la impunidad, en el estado de Puebla vivimos la impunidad de quien ejercerá hasta el día 31 de Enero del presente año el cargo de titular del poder ejecutivo y también vivimos, algunos con vergüenza, el descredito de padecer la gestión del rector de la BUAP, a quien se le ha hecho pública una cuantiosa fortuna en bienes y, al parecer, empresas, sin que nada haya aclarado a la comunidad Universitaria y a la ciudadanía, por lo contrario hace alarde de ser un empresario exitoso; tal conducta agrede la esencia de la tarea que la comunidad universitaria le encomendó al nombrarlo rector, que es la de coordinar los esfuerzos universitarios en torno a la docencia y la investigación.
Al no aclarar, Enrique Agüera Ibáñez, el origen de los recursos de que hace alarde, varios de los que se encuentran a nombre de sus familiares consanguíneos y políticos, es legítimo pensar que ha habido desvió de recursos y/o aprovechamiento del cargo para hacer negocios en detrimento de la BUAP ya que los recursos que son otorgados por la federación y el estado para el cumplimiento de los fines universitarios se estarían desviando hacia el patrimonio de Enrique Agüera Ibáñez y su familia ya sea por apropiamiento directo, por la percepción de comisiones o bien por haber constituido o haberse asociado con empresas de la construcción de las que le sean participadas ganancias, tal situación traería como consecuencia toda una serie de afectaciones para la sociedad poblana ya que los cientos de millones de pesos desviados, si lo fueron, podrían impedir el otorgamiento de una mayor matrícula universitaria a la Juventud Poblana, el dinero malversado, si es que lo fue, daría posibilidades a garantizar la seguridad social de investigadores y académicos a muchos de los que se les conculcan sus derechos laborales y podría utilizarse también en la basificación de decenas de trabajadores administrativos que se encuentran contratados sin ninguna prestación y en condiciones francamente denigrantes.
El señor rector ha expresado públicamente, palabras más palabras menos, que no hace caso de chismes, que responde con trabajo, sin embargo no se está cuestionando su capacidad laboral, lo que se pretende es que explique de donde saco el dinero para la compra de rancho y casas de donde salieron los fondos que sus familiares emplearon para la edificación de una universidad, un hotel y otros negocios, porque sus familiares consanguíneos y políticos detentan concesiones como casa de los muñecos, esos cuestionamientos, que muchos ciudadanos hacemos, deben ser aclarados, pues no se trata de cualquier empresario, se trata de una persona que maneja fondos públicos tanto federales como estatales y los recursos propios de la BUAP.
Se informó que se han practicado auditorias ala BUAP, sin embargo, no hay precisión en la información, no sabemos si se auditaron todos los recursos, es decir federales estatales y propios, no sabemos si se ha revisado el padrón de proveedores, si las obras, cuantiosas por cierto, se han licitado conforme a derecho, hay más dudas que certezas.
Bien podría ser que la riqueza de la familia Agüera fuera legítima, en ese caso, serian ejemplo de capacidad para los negocios, pero, ¿si no lo fuera? Nos encontraríamos frente a un gravísimo desvió de recursos públicos, de repercusiones sociales inmensas en el ámbito educativo que implica jóvenes sin oportunidad de estudiar, falta de recursos para la investigación y falta de seguridad en el empleo de profesores y administrativos.
Lo planteado no es un asunto menor, no se resuelve recomponiendo las alianzas políticas o, ya que hablamos de negocios, cobrando facturas por favores o dádivas, se trata de explicar el origen de los recursos con que se fincó la riqueza del rector y su familia.
Los Ciudadanos y la Comunidad Universitaria tenemos derecho a ser informados
* El articulista es abogado, ex diputado y universitario de cepa.

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