El gobierno y la huelga anunciada
por José Darío Arredondo López
En la Universidad de Sonora cada vez son más las preguntas que se hace la comunidad sobre la posible realización de la huelga. Algunos de los más avezados en cuestiones políticas aventuran que para el sindicato sería fatal, dado el interés de las autoridades gubernamentales de destruir la organización de los trabajadores. Se especula, asimismo, que el rector se está alineando con el gobierno para garantizar su reelección y por eso desprecia la relación con los trabajadores y se centra en los pretextos oficiales de contención salarial.
Algunos opinan que la huelga es indeseable pero completamente necesaria, dada la falta de interés de las autoridades en cumplir con sus más elementales responsabilidades, partiendo del supuesto de que el rector y administración son servidores de la Universidad y no del gobierno estatal en turno. El movimiento laboral significaría una seria llamada de atención a una burocracia arrogante e indolente.
Otros sostienen que la posible huelga bien valdría la pena como una oportunidad de demostrar a la autoridad y al pueblo de Sonora que aún existe algo que se llama dignidad, concepto que el oportunismo y la falta de convicciones pretende ocultar tras el biombo de la apariencia de interés oficial, de la nota periodística complaciente, de la manipulación de la opinión pública ignorante y de la falta de información y formación de los estudiantes.
Por su parte, el gobierno insiste en emplear el argumento cosmético del interés por los estudiantes, y proporcionar una salida falsa al ofrecer espacios en planteles del gobierno, además de apoyo docente y computacional, bajo el demagógico supuesto de evitar la pérdida de tiempo y asegurar el derecho a la educación, como si la suspensión temporal de las actividades tuviera algo que ver, si quiera remotamente, con la suspensión de un derecho. Lo que ocurre en realidad es el intento de transferir a la víctima la culpa del victimario; es decir, señalar como culpables de la suspensión de las actividades a los trabajadores, siendo que esto obedece al ejercicio de un derecho ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Vale la pena recordar que el panismo legislativo ha saboteado al Congreso del Estado y eso ha ocasionado la no aprobación del Presupuesto 2012 de Sonora.
En el fondo, lo que está en juego es el ejercicio de un derecho que la ley reconoce a los trabajadores y que está debidamente detallado en sus condiciones. Al parecer, el gobierno de Padrés incurre en grave falta de responsabilidad al jugar con las esperanzas de los estudiantes al asegurar que, en caso de estallamiento de huelga, no dejarán de tener clases. Aquí el derecho a ejercer es el de los sindicalizados, ya que el de los estudiantes está garantizado al estar inscritos en la institución educativa y ser alumnos activos, quienes deberán de sujetarse a los tiempos y condiciones de la institución.
Las declaraciones tanto del titular de la Secretaría de Gobierno como de la Secretaría de Educación y Cultura, más la poco atinada actitud del Ejecutivo estatal, dan cuenta de un oportunismo peligroso e inédito en nuestra entidad. Se puede sospechar que hacen campaña por el PAN entre los estudiantes y sus familias a costa de la Universidad de Sonora. Aquí vale la pena reflexionar sobre la afirmación de que el prestigio de la institución debe cuidarse, como si una huelga lo pudiera afectar, siendo que los huelguistas son, y nadie más, los que lo han hecho posible.
El supuesto de que los estudiantes van a tener clases extramuros gracias a la oferta electorera del gobierno panista, permite suponer que las autoridades universitarias y estatales carecen de la debida orientación jurídica en materia laboral, y que las primeras prefieren plegarse a las segundas antes que ponerse junto con los sindicalistas al frente de la lucha por mejores condiciones para la institución universitaria. También revela que consideran que los estudiantes son una borregada que irá trotando de contenta hacia las nuevas aulas, sin tomar en cuenta a sus maestros, algunos de ellos con un gran nivel de especialización, y que las calificaciones obtenidas serán reconocidas por obra y gracia del espíritu burocrático mágico que es capaz de reconocer una firma no registrada como la del titular de la materia y responsable legal y académicamente del curso de que se trate.
La dislocación mental arriba descrita, abona la idea de que el gobierno del Estado perdió rumbo, si acaso alguna vez lo tuvo, y que el trabajo del sector público es algo ajeno y lejano a su mentalidad y capacidades.
Las declaraciones tronantes de los funcionarios públicos contra los trabajadores abre más la brecha entre el gobierno prometido y el que están dispuestos a ejercer: el “nuevo Sonora” no puede ni debe ser una breve edición rústica y tercermundista del Tercer Reich.
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