La ilegalidad institucional y los académicos en lucha

José Darío Arredondo López

Hermosillo, Sonora, 14 de Mayo de 2012 En el oficio de fecha 13 de mayo, en respuesta a la propuesta unificada producto de la asamblea general del STAUS del viernes 11, la administración universitaria representada por Heriberto Grijalva, contestó al sindicato académico sobre el pago de los salarios caídos como condición del levantamiento de huelga (páginas 2 y 3): La Secretaría de Educación Pública (SEP) –de quien dependemos presupuestalmente− le envió a la Universidad de Sonora el oficio No. 219-2/12, en el cual se le informa que la política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la SEP, es no otorgar recursos asignados para el pago de los salarios caídos. Por lo anterior la Universidad de Sonora no puede comprometerse de antemano al pago de los salarios caídos, pues se requiere gestión ante las instancias mencionadas para que exente por esta ocasión a la Institución de cumplir dicha política. La posición institucional es hacer lo que se requiera para que se paguen los salarios caídos, siempre y cuando la huelga se levante en los próximos días. En ese contexto le reitero que consideramos que prolongar el período de huelga pone en riesgo el pago de los salarios de los días no laborados.

Llama la atención la enajenada forma de abordar este asunto por parte de la máxima representación institucional. Si el rector es el representante legal de la Universidad, ¿por qué manda al cesto de la basura la muy elemental obligación de representar los intereses de la institución ante las instancias de gobierno? ¿Por qué no puede comprometerse “la Universidad de Sonora” a cumplir con un trámite que en mucho depende del estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente? ¿Por qué antes trató de ilegalizar la huelga rebuscando alguna falla procesal imputable a los sindicalistas? ¿Por qué las acciones tendientes a proveer lo necesario para la buena marcha de la institución y el trato armonioso entre los miembros de la comunidad universitaria, deben condicionarse a la humillación y negación de una de las partes, al acceder al levantamiento de una huelga legal y legítima, para que sólo entonces el rector se comprometa a hacer el trámite del pago de salarios caídos? ¿Por qué la amenaza de no mover un solo dedo a favor de los trabajadores académicos en una gestión que, por otra parte, es obligatoria para la representación institucional, como condición previa al levantamiento de huelga, según lo dice claramente el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo: “La huelga terminará: (…) II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores”. ¿Desde cuándo la Secretaría de Hacienda o la de Educación, tienen facultades para conculcar un derecho? ¿Cuándo dejó la Universidad de Sonora de tener capacidad para resolver y proveer a la solución de los conflictos laborales entre sus integrantes? ¿Por qué el actual rector actúa como empleado de alguna dependencia de gobierno (a veces parece que estatal, otras aparenta ser federal) y no asume cabalmente las responsabilidades propias de su cargo? ¿Cuándo dejó la Universidad de Sonora de ser una institución autónoma sostenida por el subsidio federal y estatal, para convertirse en parte del sector paraestatal federal, pasando sus trabajadores del apartado “A” al “B” de la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuándo se declaró nula la protección laboral de los trabajadores universitarios en materia de salarios caídos? ¿Cuándo se reformó la Ley Federal del Trabajo, cancelando las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos? ¿Por qué y con qué facultades el actual rector de la Universidad de Sonora, condiciona el derecho de los trabajadores académicos a recibir los salarios caídos, y lo utiliza como un medio de presión para acelerar el levantamiento de huelga, sin ninguna garantía de cumplimiento a favor de los sindicalistas actualmente en huelga? La respuesta del actual rector de la Universidad es, por decir lo menos, lamentable. Revela la claudicación de un mandato de solidaridad, de compromiso con la Institución, de respeto a la historia laboral de la UNISON, de pertenencia a una comunidad recia y combativa, justa y democrática y así respetuosa del derecho pero amante de la justicia. Su respuesta es de muy pequeña densidad humana, universitaria, ciudadana. Es una no-respuesta a un reclamo elemental que es condición legalmente aceptada para el levantamiento de la huelga. Responder así es no responder, es defraudar y traicionar la investidura porque confunde la forma con el contenido de la institucionalidad. En una institución reconocida y premiada por ser “de excelencia” a alguien se le debe ocurrir pensar que el logro no se debe a la cantidad de edificios con que cuenta, o avisos de rutas de evacuación, o el establecimiento de cámaras de vigilancia, sino al valor, saber y entrega de sus académicos. No luchar por salvaguardar el bienestar de la academia y privilegiar la administración y sus estrecheces es no saber lo que es la Universidad, ni sus funciones, ni sus logros. La lucha de profesores y estudiantes por la defensa de su universidad continúa, a pesar de ser una institución donde queda claramente demostrada la ausencia de una administración responsable y eficiente.

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