Tirso Suarez-Nuñez
LAISUM. - México.
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar... de Isaac Mahow
El seis de febrero
pasado culminaron las modificaciones constitucionales que dan base
legal a la denominada reforma educativa. En esa fecha, la Cámara de
Diputados declaró que con 23 votos de los congresos del mismo número de
entidades federativas, se declaraba válida la reforma mencionada, cuyo
punto álgido, como es conocido, se refiere a la evaluación del desempeño
de los profesores de educación básica y sus consecuencias sobre su
permanencia. El asunto era tan delicado que provocó impensables
reacciones de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, quien argumentó, de manera reiterada, que su oposición a la
reforma se concreta a la palabra permanencia, porque la
evaluación no debe ir en contra de los derechos laborales adquiridos. La
maestra Gordillo, se dio el lujo incluso, de demandar una reforma de
mayor calado en el tema.
En medio del
debate nacional que el tema de la reforma educativa desató, emergió la
declaración del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
Alfredo Dájer Abimerhi,anunciando a la prensa local que la UADY
sistematizaría la evaluación del desempeño de sus académicos buscando
que sus resultados se vinculen a su permanencia. De manera inmediata a
la inquietante declaración, se iniciaron reuniones tras bambalinas entre
el sindicato académico, los consejeros maestros y los representantes de
la rectoría, para conocer el proyecto de modificación del Reglamento
del Personal Académico. El cabildeo finalmente se concretó en dos puntos
fundamentales: primero, ampliar el período de evaluación a tres años en
vez de dos; y segundo, incluir un artículo para “rebajar” lo punitivo
de la reforma al incluir en el clausulado que el propósito fundamental
de la evaluación es: “detectar áreas de oportunidad para el
fortalecimiento de las funciones y superación académica del
profesorado”. Varios puntos quedaron pendientes en la agenda de los
consejeros maestros: la evaluación de los directivos, la manera como se
integran las comisiones evaluadoras y el peso que pudieran tener las
evaluaciones externas a las que voluntariamente se someten los
académicos, como las del SNI y el Promep.
Finalmente y sin
muchos aspavientos todo concluyó el 30 de enero cuando el Consejo
Universitario aprobó las modificaciones al Reglamento de Personal
Académico de la UADY, para incluir con mas detalle lo que antes solo se
enunciaba: la evaluación del desempeño relacionada con la permanencia.
En sesión muy ordenada se aprobó la propuesta del Rector con un solo
voto en contra que, como es costumbre, no fue razonado. Al terminar la
sesión el Rector declaró a la prensa local que la universidad
tradicionalmente venía realizando evaluaciones para fines de promoción y
asignación de estímulos, pero con la reforma todas estas evaluaciones
se sistematizaran incluyendo las del ingreso y la permanencia. Poco
antes, se había escuchado la lectura del dictamen aprobatorio de las
modificaciones a cargo del consejero director de la Facultad de Derecho,
que apuntaba que los cambios proponen mecanismos más justos y
transparentes que contribuyen a salvaguardar la legalidad de los
procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Evaluación para la permanencia... consummatum est
Justamente el punto más preocupante de los
procesos de evaluación en la UADY se refiere a la justicia y la
transparencia; la debilidad está en la forma en la que se integran las
comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso, especialmente la que
se constituye como la última instancia. Me refiero a la Comisión de
Evaluación Académica, en la que la totalidad de sus integrantes es
nombrada por el Rector, en contraste con las Comisiones Dictaminadoras,
que se integran por área de conocimiento y cuyos miembros son elegidos
por los académicos de cada facultad. Aunque la postulación de los
integrantes de esta última comisión se sujeta a un arcaico criterio –que
proviene de la época en la que no existía el posgrado en la UADY– que
establece que para ser miembro de una comisión se requiere titulo profesional igual o afín al
que se entrega en la facultad o dependencia que aspira a representar
–que en realidad es un filtro que los directivos usan a discreción–, a
la postre, se constituyen como instancias de evaluación que se mueven
con mayor independencia.
Por lo anterior,
resulta preocupante el nuevo artículo que le asigna al Rector el papel
de vigilar que las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras no
contravengan la normativa universitaria, pues conlleva un carácter
francamente intimidatorio hacia esta autoridad colegiada. Esta función
de vigilancia se apoya en la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal y en la propia Comisión de Evaluación Académica.
Pese a todo,
envueltos por la calma y la tranquilidad que caracterizan a la
universidad, 1,300 académicos de base y su sindicato esperan serenamente
que se cumpla el plazo de ocho meses para el inicio de las primeras
evaluaciones, sabedores de que no tienen muchas opciones, pues oponerse
implica alinearse con la villana nacional por antonomasia, la lideresa
del SNTE, lo cual les parece inadmisible. Por otra parte, les
tranquiliza haber logrado incluir la parte propositiva a la reforma, es
decir, declarar que se pretende la superación del personal académico y
no la represión ante su eventual bajo desempeño. Por ello esperan que
sólo en casos extremos el reglamento sea aplicado a la letra y los
derechos adquiridos vulnerados, es decir, ante conductas evidentemente
deshonestas o frente a un bajo desempeño sea por pereza o enfermedad. Es
ésta la ruta que ha elegido la UADY para lograr la superación y
depuración de su planta académica.
Finalmente quedan pocas universidades públicas que se mantienen como federación de facultades flojamente acopladas.
La UADY se distingue entre ellas por una firme conducción centralizada
que logra mediante una lógica patrimonial y afectiva que le ha permitido
a sus directivos neutralizar las divergencias sindicales y académicas,
renovar tranquilamente a sus elites, contener las intenciones de
intervención de los poderes locales y, por ultimo, pero no por ello
menos importante, lograr el reconocimiento de la autoridad federal como
fiel seguidora de las políticas que privilegian el orden y la mejora
continua, aunque se consiga con la deformación de leyes y principios.
Este episodio es una nueva muestra de esa capacidad de adaptación que
aún conserva.
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Tirso Suarez-Nuñezes profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán.
