El fin último de la Universidad
México es un país de grandes desigualdades sociales. Más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza y se calcula que más del 20% de los habitantes vive en pobreza extrema. La actual crisis financiera y económica en el país viene a arrojar aún a más personas de los sectores de clase media hacia niveles de pobreza. La situación económica y social a nivel nacional, y la subsecuente situación de la población deben ser motivo de preocupación para todos los habitantes de México. En este contexto, toca a las Universidades realizar trabajo académico de alta calidad en la educación, y en apoyo solidario hacia la sociedad. Considero que hay dos enfoques para la manera como la Universidad debe cumplirle a la sociedad: el primero es a través de una formación integral de los futuros profesionistas, implementando programas curriculares que permitan el fomento de la conciencia social, ética y valores, que les doten de herramientas de aprendizaje, y en el manejo de las herramientas informáticas modernas, y que promuevan el gusto por realizar actividades deportivas, por la apreciación artística y las humanidades; el segundo enfoque es a través del enorme potencial de intervención que representan los universitarios en acciones de vinculación social, aprovechando espacios importantes, de integración de conocimientos para el futuro profesionista, como son el servicio social y las prácticas profesionales. El potencial para integrar un esfuerzo institucional de servicio social universitario, como programa prioritario es muy grande y puede incluir la integración de equipos multidisciplinarios, con la intención de aplicar sus conocimientos profesionales en la resolución de problemas específicos de las comunidades. Creo que este segundo punto es uno de los grandes pendientes que aún tiene la Universidad de Sonora, para retribuir a la sociedad el gran apoyo que recibe.
Al final es pertinente preguntarse ¿cuál es fin último de la Universidad? Formación de profesionistas de alto nivel, honestos y con conciencia social que logren impactar positivamente en la sociedad y en los niveles de vida de ésta.
El compromiso social de la universidad pública
La comunidad universitaria somos un sector privilegiado de la sociedad; en mayor o menor medida recibimos el apoyo social (económico y moral) para llevar a cabo nuestra importante labor. Sin embargo, como sucede normalmente, con los privilegios vienen también las responsabilidades. Los recursos económicos necesarios para que la universidad funcione son recursos aportados por la sociedad en su conjunto; provienen tanto de fondos federales como de fondos estatales pero son parte de la gran “coperacha” que realizan todos los trabajadores del país. Los salarios de los funcionarios universitarios, de los trabajadores académicos, manuales y administrativos y el apoyo para los estudiantes, forman parte de los salarios devengados por esa gran masa de trabajadores que responsablemente, y muchas veces precariamente, se ganan la vida trabajando como choferes, técnicos, artesanos, trabajadores del campo, profesionistas, empleados de diversos niveles que trabajan en restaurantes, hoteles, gasolineras, supermercados, salones de belleza, y en esa gran variedad de opciones de trabajo disponibles en nuestra sociedad. Es el dinero de todos ellos el que utilizamos en las universidades para educar a los ciudadanos del futuro, a quienes con su esfuerzo y dedicación tomarán mañana las riendas del país. Por esta razón, la universidad debe cumplir el compromiso social de formar egresados del mejor nivel que coadyuven al mejoramiento de la sociedad y de sus condiciones de vida.
Por supuesto que la universidad es y debe ser el lugar donde se discutan todas las ideas, en el marco del interés por cumplir el fin último de la universidad: la responsabilidad que nos reclama el haber sido contratados por la sociedad, para formar a sus profesionistas y futuros líderes, dotados de las mejores herramientas para hacer su trabajo, y armados de una mística de solidaridad y compromiso social.
La experiencia de “votación universal” para elección de autoridades universitarias
En el marco de los comentarios anteriores, llegamos al asunto de la organización administrativa y académica de la universidad. En los últimos días se ha manejado lo que considero una falacia: los universitarios deben elegir “democráticamente” al Rector ya que son mayores de edad y en la sociedad se les reconoce la capacidad de elegir, incluso al Presidente de la República. Esta argumentación supondría que el tipo de relación del ciudadano común con las autoridades civiles, como los presidentes y otros funcionarios, es igual que el tipo de relación de los alumnos de la universidad con el Rector, con otras autoridades universitarias, o con los propios profesores (potenciales candidatos a ser autoridad universitaria).
La relaciones alumno-maestro, alumno-autoridad universitaria, maestro-autoridad universitaria está dadas por el papel que cada uno de ellos juega en el proceso formativo de los estudiantes, y no son equiparables a las que tienen los ciudadanos con sus autoridades civiles. La relación alumno-maestro debe estar dada por un interés académico, en el cual el primero está interesado en lograr una formación profesional de calidad, que le permita incorporarse exitosamente al mercado laboral, en beneficio de la sociedad, su familia y el suyo propio. El maestro, por su parte, es un trabajador de la educación cuyo interés principal debe ser contribuir desde su ámbito a la formación de recursos humanos de alta calidad.
En la relación alumno-autoridad universitaria, el primero tiene el derecho de exigir una educación de alta calidad, con programas educativos pertinentes; también debe poder exigir un trato digno y el respeto a sus derechos como estudiante y como universitario. Por esta razón tiene representación en las organizaciones estudiantiles que se forman y en los órganos colegiados de la Universidad. La autoridad universitaria debe cumplir su trabajo de ofrecer los programas educativos curriculares y extracurriculares, de alto nivel en beneficio de una formación integral de los futuros profesionistas para que sean capaces de retribuir a la sociedad el beneficio recibido de la educación.
En la relación maestro-autoridad universitaria, debe prevalecer el interés institucional por una contratación transparente y una relación de trabajo respetuosa de la libertad de cátedra y de ideas, en el marco de la aplicación de los programas educativos acordados por las instacias colegiadas institucionales y de acuerdo a los procedimientos establecidos. Esto incluye la relación respetuosa con la asociación gremial correspondiente, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo.
En la década de los años 80´s, la Universidad de Sonora vivió procesos de democratización en la elección de sus autoridades. En particular considero importante comentar lo que sucedió con la elección “democrática” de rector. En 1987, 1988 y 1989 hubo elecciones de rector en las que votamos los académicos, los alumnos y los trabajadores. Desde 1986 empezamos a organizarnos en grupos políticos (por políticos me refiero a grupos con intereses comunes y que apoyamos a diferentes candiadatos a la rectoría). Estos grupos políticos empezamos a actuar de acuerdo con nuestros intereses y desde ahí se empezaron a corromper las relaciones entre los diversos sectores de la Universidad. La relación entre maestros y alumnos empezó a obedecer los intereses políticos de los maestros, que utilizamos nuestra enorme influencia sobre ellos. Lo normal en esa época era el uso de la hora de clase para proselitismo político, la suspensión de clases para actividades de los candidatos, la influencia de los académicos sobre los alumnos en las decisiones de los órganos colegiados (en lo personal tengo la anécdota de que, por cuestiones de diferencias políticas, el Consejo Divisional del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, y particularmente el bloque estudiantil, votó en contra de que se me otorgara una beca para realizar estudios de doctorado. Afortunadamente la conseguí por medio del STAUS). El efecto de los grupos políticos en la relación entre autoridades universitarias y trabajadores académicos tuvo que ver sobre todo con la programación de los segundos por parte de los primeros. En ese entonces se manejaba el concepto de los “desprogramados”; desprogramar a un maestro y programar a otro en su lugar redundaba en eliminar un voto al candidato rival y asegurar uno para el candidato propio. Los alumnos y los académicos eran vistos, en términos muy directos, como votos que podían ser a favor o en contra de los intereses políticos de los grupos, en la disputa por el poder.
Obviamente que ese ambiente enrarecido no permitía el desarrollo de grupos académicos con inteses académicos y universitarios. La reputación de la Universidad de Sonora estaba por los suelos y la formación de los alumnos dejaba mucho que desear. Esa universidad de los 80´s no le era de ningún beneficio a la sociedad. Era simpelmente una sangría económica, acompañada de una sangría social y de una sangría moral. No estábamos haceindo nuestro trabajo.
Estoy lejos de hacer una apología de la Ley 4, pero la realidad es que cuando esa ley fue impuesta a los universitarios (con la complacencia y complicidad del rector Valencia, electo legítima y democráticamente por la mayoría de los universitarios) las condiciones de funcionamiento de la Universidad de Sonora eran deplorables. Había un divorcio irreconciliable entre el legislativo (el Consejo Universitario) controlado por la oposición y el ejecutivo (el Rector); el órgano colegiado no autorizaba ni los gastos más esenciales a la rectoría como parte de una estrategia política para derribar al rector (de hecho, una actitud golpista contra quien fue electo democráticamente). En ese marco de degradación de las relaciones entre académicos, autoridades y estudiantes nos fue impuesta la ley 4; para que se vea que esa imposición no fue gratis. Como testigo y protagonista de esa historia, me preocuparía regresar a esas épocas. Por otro lado, reconozco que es necesario ampliar los espacios de participación para la comunidad universitaria; es importante. Veamos cómo lo podemos hacer en el marco de la legislación vigente.
Para finalizar...
Participar en el proceso de elección de rector, acatando las reglas de la convocatoria emitida por la Junta Universitaria es totalmente legítimo; el proceso se realiza en el marco de la normatividad vigente. La historia nos revela y nos desnuda, la universidad exitosa no es la que elige a sus autoridades mediante métodos democráticos, sino la que cumple con la sociedad esforzándose cada día más en formar profesionistas capaces, comprometidos y solidarios. Construyamos juntos esa universidad.
