lunes, abril 15

Observatorio 82


Observatorio 82 / Editorial
Tema recurrente en el ámbito de la educación es, por desgracia, la corrupción. La vemos y la padecemos desde la educación básica hasta el nivel de las universidades, la Universidad de Sonora incluida dentro de este último sector.
Y la corrupción florece cuando hay ausencia de prácticas institucionales de transparencia, rendición de cuentas y evaluaciones objetivas.La corrupción mina desde adentro cualquier intento de lograr una mejora en el servicio educativo, de alcanzar la calidad que siempre se está buscando. La corrupción pervierte el ejercicio de consolidar una universidad incluyente, propositiva y con fuerza moral hacia el conjunto del tejido social.
Recién el tema ha cobrado fuerza a propósito de la detención de la eterna dirigente del Sindicato de maestros SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo.
Al respecto el analista Alberto Serdán ha escrito en Animal Político, un interesante texto que lleva por título “Urge Transparencia educativa”. Del mismo hemos sacado unas partes interesantes:
México destina una quinta parte de su presupuesto federal a la educación. Es el segundo país del mundo en priorizarla así en su gasto público y supera la media de la OCDE en el gasto educativo como proporción del Producto Interno Bruto. Adicional a ello, las familias hacen un esfuerzo para pagar útiles, uniformes y materiales escolares, imprevistos (festivales, cuotas, apoyos a mantenimiento) y otros gastos asociados que acorde a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) superan en 2.5 veces lo que gastan las entidades federativas en educación.
Lamentablemente este esfuerzo tiene un gran hoyo: la corrupción. En un documento publicado por la UNESCO “Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?”, Jacques Hallak y Muriel Poisson ofrecen un marco de referencia para entender la corrupción en el ámbito educativo.Estos autores la definen como el “uso sistemático de los recursos públicos para el beneficio privado, cuyos impactos son significativos en la disponibilidad y calidad de los bienes y servicios educativos y, en consecuencia, en el acceso, calidad y equidad en la educación”.
Ello incluye una distinción entre la corrupción política, legislativa, administrativa y burocrática. La corrupción política, señalan los autores, ocurre cuando se requiere la afiliación o lealtad a un partido político o a un sindicato para obtener un puesto o una promoción en la administración pública o en el magisterio. La corrupción legislativa ocurre cuando los políticos venden sus votos a grupos de presión. La corrupción administrativa aparece cuando servidores públicos aceptan sobornos para permitir o asignar un contrato o evadir pagos legalmente establecidos. La corrupción burocrática ocurre cuando se paga para acelerar procedimientos cotidianos, para distorsionar expedientes, alentar investigaciones. En todos los casos se involucra una transacción entre actores públicos y privados en donde los bienes colectivos se convierten ilegítimamente en beneficios privados caracterizados por la secrecía.
Sin embargo, la corrupción en el sistema educativo mexicano ha dejado de ser un secreto y ha derivado en un escandaloso tiradero de dinero. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace un recuento de los recursos que se ejercieron de forma incorrecta sin que haya profundas consecuencias. Por ejemplo, entre 2006 y 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) por 67 mil 715 millones de pesos. De esta cantidad sólo se ha devuelto al erario público el 15%.
La letanía de las irregularidades es recurrente en los informes de Auditoría: “Pagos indebidos a trabajadores comisionados al sindicato. Pagos indebidos por prestaciones no reconocidas (bonos, estímulos, compensaciones, entre otros). Pago de compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos y evaluaciones para su entrega. Pago a trabajadores con plazas no localizadas en los catálogos de puestos. Pagos a personal después de la fecha de su baja o durante licencias sin goce de sueldo. Pagos a trabajadores con dos o más plazas sin disponer de la compatibilidad de empleos. Pagos con cargo a centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes). Pago a trabajadores adscritos a centros de trabajo no incluidos en el catálogo de la entidad federativa. Personal no localizado en las visitas físicas realizadas
a centros de trabajo.
Pueden leer el texto completo en el siguiente link:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-dato- checado/2013/04/10/urge-transparencia-educativa/#axzz2QCFkRujC

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